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Corpus Iuris Internacional – Caso Spoltore Vs. Argentina

Destacado Corpus Iuris Internacional – Caso Spoltore Vs. Argentina

Para un desarrollo metodológico de nuestra exposición, lo hemos dividido en los siguientes puntos: 1) Convención Americana de Derechos Humanos – Sanción – Adhesiones. 2) Derechos Laborales en la Convención Americana de Derechos Humanos. 3) Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4) Casos Destacados de la Corte Interamericana. 5) Caso Spoltore – Trámite ante Tribunal del Trabajo – SCBA – Comisión – Corte -. 6) Corpus Iuris Internacional. 7) Conclusiones.


1) Convención Americana de Derechos Humanos – Sanción – Adhesiones.

“Ningún Hombre es una isla, entero en sí mismo; todo hombre es un pedazo del continente, una parte de tierra firme. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti “John Donne (1573-1631).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamerica na de Derechos Humanos el 22 de Noviembre de 1969, en la Ciudad de San Jose, Costa Rica, entrando en vigencia el 18 de Julio de 1978.
Tiene la adhesión de los 25 países miembros de la Organizacion de los Estados Americanos, contando con un Preámbulo y un total de 82 artículos.
En la primera parte, trata de los Deberes de los Estados y Derechos Protegidos: Obligación de respetar los Dere chos; Deber de Adoptar disposiciones de Derecho Inter no; Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Juri dica; Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Perso nal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Principio de Legalidad y Retroactividad; Derecho a la In demnizacion; Protección de la Honra y de la Dignidad; Li bertad de Conciencia y de Religión; Libertad de Pensa miento y de Expresión; Derecho de Rectificación o Res puesta; Derecho de Reunión; Libertad de Asociación; Protección a la Familia; Derecho al Nombre; Derechos del Niño; Derecho a la Nacionalidad; Derecho a la Propie dad Privada; Derecho a la Circulación y de Residencia; Derechos Políticos; Igualdad ante la Ley; Protección Judi cial; Desarrollo Progresivo.
En la segunda parte, desarrolla los medios de protección de los Derechos Garantizados mencionados precedente mente, siendo los Órganos Competentes: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comi sion) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte) según lo regula el Artículo 33 de la Convención.

2) Derechos Laborales en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“ Los Órganos del Poder Judicial de cada Estado parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no solo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer control tanto de la Constitucionalidad como de la Convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente dominio de la protección de la persona humana “ Prof. Dr. Héctor Hugo Boleso
Podemos mencionar entre otros a los siguientes: 1) Derecho al Trabajo – “Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos para todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana “(CORTEID, Covid 19 y Derechos Humanos. Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales. Declara cion 1/20 del 9/4/2020)
“Si bien todo despido importa una sanción de máxima gravedad, se destaca que en algunos casos se presenta con particulares caracteres sancionatorios de mayor o especial gravedad, que requieren ampliamente una proteccion judicial. En el presente caso, la particular gravedad sancionatoria del despido se halla en reforzamiento de la estabilidad laboral con la condición de representante democráticamente electo de la persona afectada y con la violación del derecho a expresar libremente sus ideas “ (CorteIDH, Caso Lagos del Campo Vs. Perú, 31/8/2017, Consid. 190).
“El Derecho al Trabajo incluye el derecho a garantizar el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de las relaciones laborales “ (CorteIDH, Caso Trabajadores Cesados de Petroperú Vs. Perú, 23/11/2017 Consid. 193). 2) Derecho de Asociación: “ El Artículo 16.1 de la Convención comprende el “ derecho de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole “ Estos términos establecen lite ralmente que quienes están bajo la protección de la Convencion tienen no solo el derecho y libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo. Además gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin licito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad…. Se ponen asi de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de asociacion ” (CorteIDH, Caso Huilca Tecse Vs. Perú, 3/3/2005, Consid, 69). 3) Derecho de Asociación y Libertad Sindical - “ La libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del Artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber; el dere cho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas por los Incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse “ (CorteIDH, Caso Baena, Ricardo Vs. Panamá, 2/02/2001 Consid. 159). 4) Titularidad de los Derechos Reconocidos en la Conven cion Americana – “La Corte considera que una interpre tacion de buena fe del Articulo 8.1 implica concluir que este otorga titularidad de los derechos establecidos en dicho artículo a las organizaciones sindicales “(CorteIDH, Opinión Consultiva 22/16 del 26/02/2016, Consid. 99).

3) La Corte Interamericana de Derechos Humanos –
Una Sociedad bien ordenada es aquella que se encuentra bajo la efectiva regulación de la Justicia” John Rawls
La Convención entre los Artículos 52 hasta el 73 regula la Organización, competencia, Funciones, Procedimiento, y las disposiciones comunes de la misma.
La Corte está integrada por SIETE (7) Jueces Nacionales de los estados Miembros de la OEA, que son elegidos a ti tulo personal, debiendo ser Jurista de la más alta autori dad moral, de reconocida competencia en materia de De rechos Humanos, existiendo la limitación de que no pue de haber dos Jueces de la misma nacionalidad.
Serán elegidos en votación secreta por mayoría absoluta de votos de los Estados Parte en la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuesta por los mis mos Estados. Cada Estado puede proponer hasta un máximo de tres candidatos, debiendo ser por lo menos 1 de otro Estado.
Los Jueces elegidos como se indica arriba, tendrán una duración en sus mandatos por un periodo de 6 años, y solo podrán ser reelegidos una sola vez. Los Jueces es taran en funciones hasta el término de su mandato, teniendo las protecciones propias del personal diplomati co.
La Corte tiene su sede en San Jose de Costa Rica, de acuerdo a lo determinado por Asamblea General de la OEA, habiendo dictado su Estatuto que fue aprobado en la misma Asamblea General y luego ha dictado su propio Reglamento. La Corte tiene como Quorum para sesionar el número de Cinco Jueces presentes. La Comisión Inter americana de Derechos Humanos comparecerá ante la Corte en todos los casos que se diriman ante el más Alto Tribunal Interamericano.
La Competencia de la CorteIDH: 1) Solos los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 2) Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los Artículos 48 a 50 (Procedimiento ante la Comisión).
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, ora por convención especial.
La Corte tiene competencia para disponer medidas provisionales justificadas por la extrema gravedad y urgencia.
Entonces la Corte interviene en Casos Contenciosos que regulan el Artículo 61.1 y 61.2, como también en los casos mencionados en el Artículo 64.1 y 64.2 denomina dos Opiniones Consultivas.
La Integración actual de la Corte es la siguiente: 1) Eliza Beth Odio Benito (Presidenta- Costa Rica). 2) Patricio Pazmiño Freire (Vicepresidente – Ecuador). 3) Eduardo Vio Grossi (Juez – Chile). 4) Humberto Antonio Sierra Por to (Juez – Colombia). 5) Eugenio Raúl Zaffaroni (Juez – Argentina). 6) Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Juez – México). 7) Ricardo Pérez Manrique (Juez – Uruguay).

4) Casos Destacados de la Corte 
“Pueblo que no lucha por sus derechos, no los merece” Rudolf Von Ihering.
Hay muchos destacados fallos y sentencias de la Corte Interamericana, pero aquí mencionaremos solamente a los que tuvieron una trascendencia importante, por cuan to la propia Corte los cita en los fallos más recientes: 1) Velázquez Rodriguez Vs. Honduras (29/7/1988). 2) Villagrán Morales y Otros – Niños de la Calle Vs. Guatemala (11/09/1997). 3) Barrios Altos Vs. Perú (14/03/2001). 4) Bulacio Vs. Argentina - Solución Amistosa y Parte Resolutiva (18/09/2003). 5) Kimel Vs. Argentina (02/05/2008). 6) González y Otras – Campo Algodonero Vs. México (16/11/2009). 7) Vélez Loor Vs. Panamá (23/11/2010). 8) Gelman Vs. Uruguay (24/02/2011). 9) Fontevecchia y Damico Vs. Argentina (29/11/2011). 10) Montesinos Mejía Vs. Ecuador (27/01/2020). 11) Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honrat (nuestra tierra) Vs. Argentina (06/02/2020). 12) Noguera y Otra Vs. Paraguay (09/03/2020). 13) Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú (12/03/2020). 14) Roche Azaña y Otros Vs. Nicaragua (03/06/2020); 15) Spoltore Vs. Argentina (09/06/2020); 16) Ex trabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala (17/11/2021).

5) Caso Spoltore – Tramite ante Tribunal - SCBA – Comisión – Corte –
Trámite Judicial: La demanda se inició el 30 de Junio de 1988, siendo caratulada: “Spoltore, Victorio c/ Cacique Camping S.A. s/ Enfermedad Profesional “Expte N* SI 12.515, resultando sorteado el Tribunal del Trabajo N* 3 del Departamento Judicial de San Isidro.
El juicio se refería al reclamo por enfermedad profesional adquirida en el trabajo por el Sr. Victorio Spoltore por sus tareas como jefe de corte y capataz, teniendo personal a su cargo, con la carga emotiva que supone hacer cumplir los ritmos de producción a los trabajadores, quien tuvo dos infartos durante los años 1984 y 1986, de este último se lo jubila con un 70% de Incapacidad.
En el ínterin, su esposa Rosalinda Campitelli quien trabajaba también en esa empresa desde casi cuando ingresa Spoltore, fue despedida, lo que generó mucho stress para él. Nunca fue modificado su lugar de trabajo a pesar del problema cardiaco de 1984, sin tener en cuenta sus condiciones de salud, desconociendo las normas de higiene y seguridad en el trabajo y la propia Ley de Contrato de Trabajo. La Empresa citó como terceros a dos aseguradoras que fueron partes en el expediente.
El expediente se abre a prueba, existiendo una pericia en higiene y seguridad donde se concluye que Cacique Camping S.A. no cumple con la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo, comprobando el perito en el lugar de trabajo serias irregularidades.
Con fecha 8 de Mayo de 1991 el Perito Medico Juan Antonio Moya da sus conclusiones: “Spoltore está afectado por una cardiopatía coronaria severa (esa cuestión no fue demandada) y de una depresión severa con elementos reactivos, estimando una incapacidad por depresión del 30% de la total obrera."
La causa tuvo durante su larga y tediosa tramitación seis (6) audiencias de vista de causa (ello no fue tenido en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, ni en el expediente disciplinario como tampoco en la sentencia) a saber: 1) 10 de Mayo de 1995. 2) 21 de Mayo de 1996. 3) 21 de Agosto de 1996. 4) 16 de Octubre de 1996. 5) 3 de marzo de 1997. 6) 3 de Junio de 1997.
Dictando Veredicto y sentencia el Tribunal el mismo 3 de Junio de 1997, rechazando la demanda.
Esta parte con fecha 2 de Setiembre de 1997 presenta los Recursos Extraordinarios de Nulidad y de Inaplicabilidad de Ley. Asimismo con fecha 16 de Setiembre de 1997 se realiza denuncia disciplinaria ante la Inspección General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires por la demora y negligencia en el proceso de parte del Tribunal del Trabajo, quien luego de casi dos años (15 de Abril de 1999) constató la demora de la remisión de la causa a la asesoría pericial y atraso en la confección de cedulas de notificación, haciendo responsable a la Secretaría del tribunal, sin decir nada sobre actuación y conducta de los Jueces integrantes del Tribunal.
La Suprema Corte de Justicia declara admisibles ambos Recursos Extraordinarios el 4de Febrero de 1998, pasando el expediente en vista al Procurador de la Suprema Corte por el de Nulidad con fecha 25 de Febrero de 1998, presentando el dictamen el 14 de Abril de 1998, pasando entonces a Sentencia del Máximo Tribunal de la Provin cia dictando Sentencia el 16 de Agosto de 2000, confir mando el Fallo del Tribunal del Trabajo N* 3 de San Isi dro, sin expresar nada sobre la conducta de los Jueces y mucho menos de la demora y negligencia en los tiempos, a pesar de que esta parte haya fundado en los Tratados y Convenciones Internacionales (Art. 75 Inc. 22 Constitu cion Nacional y Articulo 39 Constitución Provincial).
Como demostración de lo expresado precedentemente daremos los siguientes plazos de la tramitación judicial: 1) Tramitación expediente: 9 años o 3.285 días. 2) Aper tura a prueba y la última audiencia vista: 5 años, 5 meses y 10 días o 1960 días. 3) Desde la primera a la última audiencia vista: 2 años y 23 días o 743 días. 4) Desde la primera citación oficina pericial hasta informe pericial psicológico: 2 años, 1 mes y 29 días o 779 días. 5) Suprema Corte Justicia de Buenos Aires desde su in greso hasta la sentencia: 2 años, 3 meses y 10 días o 880 días. 6) Total del trámite judicial desde 30 de Junio de 1988 hasta 16 de Agosto de 2000: 12 años, 1 mes y 17 días o 4.427 días.
Trámite ante Comisión Interamericana: El Señor Spoltore presento denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Setiembre de 2000, fundado en los Artículos 41 inciso f y 44 a 51 de la Convención Ameri cana, considerando violados los artículos 18 de Declara cion Americana de Derechos Humanos, 7 y 10 de la Declaracion Universal de los Derechos y 8 y 25 de la Convencion Americana de los Derechos Humanos, teniendo entrada en dicho organismo como P-460-00.
Recién para diciembre de 2003, el Estado Argentino debía responder el reclamo. El peticionario expreso en sus argumentos el voto del Ilustre Juez de la CorteIDH Dr. Antonio Candado Trindade en el Caso “ Villagrán Morales y Otros Vs. Guatemala “, más conocido como “Los niños de la calle”.
El Gobierno Argentino recién el 2 de Setiembre de 2004 respondió que el Sr. Spoltore no utilizo la vía procesal interna y pidió que se declare inadmisible, siendo firma da esa nota por la Dra. Alicia B. Oliveira.
El 25 de Julio de 2008, la Comisión Interamericana decla ra la admisibilidad de la petición mediante el Informe N* 65/08, conforme los Artículos 46 y 47 de la Convención, prosigue para el análisis del fondo, y decide hacer publi co el presente informe y publicarlo en su informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Ame ricanos, firmado por su Presidente Paolo G. Carozza y los Comisionados Luz Patricia Mejía Guerrero, Felipe Gonza lez, Sir Clare K. Roberts, Paulo Sergio Pinheiro, Florentin Meléndez, actuando como Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Ab-Mershed.
La Comisión con fecha 8 de Agosto de 2008 propone a las partes una solución amistosa siendo ellos mediado res, el peticionario manifiesta su opinión favorable no asi el Estado Argentino, que con fecha 14 de Abril de 2009, solicita se rechace la petición en todos sus términos.
El peticionario se considera discriminado por el Estado Argentino por cuanto se hace saber a la Comisión que ese mismo Estado en el Caso Valerio O. Castillo Báez Petición 4554-02 acepta una solución amistosa median te el Decreto del PEN N* 399/09, en total violación del Artículo 2 de la Convención.
Agrava la situación, el propio Estado Argentino dilatan do en cuanto puede la tramitación, pero al fin, con fecha 25 de Julio de 2017, la Comisión emite el Informe de Fon do N* 74/17 Notificado al demandado el 23 de Agosto de 2017, otorgando un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones.
El Estado Argentino pide prorrogas de dicho plazo, en un total de siete (7), seis de las cuales son otorgadas por la Comisión, pero a la última es rechazada y la CIDH decla ra que Estado Argentino no dio cumplimiento y decidió someter el caso a la Corte, siendo los presentantes la propia Comisión.
Trámite ante la Corte: La Comisión hace la presentación a la CorteIDH con fecha 23 de Enero de 2019. La Corte observa que han transcurrido más de 18 años desde la presentación de la Petición ante la Comisión. Se notifica al Estado y a los representantes el 22 de Febrero de 2019. Al Colectivo de Derechos Humanos YOPI (represen tantes el 25 de Abril de 2019.
El estado contesta el 3 de Julio de 2019, planteando una excepción preliminar: falta de agotamiento de los recur sos internos. Respuesta a las excepciones preliminares el 19 de Setiembre de 2019, decidiendo el Tribunal la con vocatoria a una audiencia pública mediante la resolución del 16 de Diciembre de 2019.
Se realiza la audiencia el dia5 de Febrero de 2020, donde están representados las partes, junto a los amigos del Tribunal. En esa audiencia hay un reconocimiento par cial de parte del Estado de responsabilidad internacional
Luego son presentados los alegatos y observaciones finales el 6 de Marzo de 2020.
Por último, la deliberación del presente caso se realiza en sesiones virtuales durante los días 8 y 9 de Junio de 2020, siendo votantes solamente 6 Jueces, puesto que el Sr. Juez Eugenio Raúl Zaffaroni se excusa por dispo siciones del Reglamento, sin que el Estado Argentino haya designado un Juez Ad Hoc, cuyo derecho tenía.
La Sentencia de la CorteIDH expresa: “ La Corte Inter americana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable por la violación del Derecho a las Garantías Judiciales y de Protección Judicial, y el Dere cho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del Señor Victorio Spoltore, ya que no se le garantizo el acceso a la Justicia, la Protección Judicial y Garantía Judicial en su búsqueda de una Indemnizacion por una posible enfermedad profesional “

6) Corpus Iuris Internacional
La CorteIDH fundado en los Artículos 62 y 64 del Regla mento, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de Derechos Humanos, siendo una CUES TION DE ORDEN PUBLICO INTERNACIONAL, incumbe a este Tribunal velar porque los actos de reconocimiento de responsabilidad resulten aceptables para los fines que busca cumplir el Sistema Interamericano de Dere chos Humanos.
La CorteIDH fundamenta en el Carta de la OEA, en sus Artículos 45 b y c, 46 y 34.g, aplicando el principio que garantiza el Artículo 29 de la Convención “ pro persona” entonces tomara en cuenta las fuentes, principios y crite ríos del CORPUS IURIS INTERNACIONAL como normativa especial aplicable en la determinación del contenido del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfac torias que aseguren la salud del trabajador.
La Corte cita las sentencias en los Casos Lagos del Cam po Vs. Perú; Trabajadores Cesados de Petroperú Vs. Pe ru y San Miguel Sosa y Otros Vs. Venezuela.
El Tribunal ha señalado en otras oportunidades que los Tratados de Derechos Humanos son Instrumentos Vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.
El Artículo XIV de la Declaración Americana permite iden tificar el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias al referir que toda persona tiene derecho “ al trabajo en condiciones dignas”.
De igual manera, el Articulo 7 del Protocolo Adicional de la Convención Americana en materia de Derechos Econo micos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador establece “ Los Estados Partes en el presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce de la mis ma en condiciones justas, equitativas y satisfactoria, para lo cual dichos Estados garantizaran en sus legisla ciones nacionales de manera particular “ la seguridad e higiene en el trabajo “.
En el ámbito Universal, el Articulo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “ toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y sa tisfactoria de trabajo”.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So ciales y Culturales establece que “Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda per zona al goce de condiciones equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial….. la seguridad e higiene en el trabajo”.
Asimismo el derecho a condiciones de trabajo equitati vas y satisfactoria que aseguren la salud del trabajador está reconocido a nivel constitucional nacional y provin cial en Argentina, en el Artículo 14 bis y Articulo 39.1 respectivamente.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura les en la Observación General N* 23 indico que “ la pre vencion de accidentes y enfermedades profesionales es un componente fundamental del derecho a unas condi ciones de trabajo equitativas y satisfactorias, y guarda estrecha relación con otros derechos reconocidos en el Pacto, en particular con el derecho al más alto nivel posi ble de salud física y mental “.
La prevención de accidentes de trabajo, como parte del derecho al trabajo en condiciones satisfactorias y equi tativas, que aseguren la salud del trabajador esta recono cido ampliamente en el Corpus Iuris Internacional.
En particular en el Convenio N* 155 de la OIT sobre Segu ridad y Salud de los Trabajadores que establece “todo miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores intere sadas y habida cuenta de las condiciones y practica na cionales, formular, poner en práctica y reexaminar perio dicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuen cias del trabajo, guarden relación con la actividad labora les o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mini mo, en la medida en que sea razonable y factible, las cau sas de riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo “
La Corte considera que la naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la protección del derecho a condiciones de trabajo que aseguren la salud del traba jador, incluyen aspectos que tiene una exigibilidad inme diata, asi como aspectos que tiene un carácter progresi vo.
La CorteIDH concluye que el Estado Argentino es respon sable de la violación del Artículo 26 de la Convencion, en relación con los Articulos 8, 25 y 1.1 del mismo instru mento en perjuicio del Señor Victorio Spoltore.

7) Conclusiones:
La CorteIDH en el Caso Spoltore
como en un reciente Caso “Ex trabajadores del Organismo Judicial Vs. Guatemala “ del 17 de Noviembre de 2021, donde es condenado el Estado de Guatemala, reitera la interpretación del Artículo 26 de la Convención según las decisiones del Tribunal desde 2017, citando jurisprudencia desde Lagos del Campo, respecto de los Derechos Económicos, Sociales, laborales y Culturales.
Es por ello que la CorteIDH nos expresa algunas conclusiones, que creemos necesario recordar en el epílogo del presente trabajo: A) Los Derechos Laborales están protegidos en la Convención Americana – Art. 26-, existiendo una interdependencia e indivisibilidad entre los Derechos Civiles y Políticos y los Economi cos, Sociales y Culturales, puesto que deben ser enten didos INTEGRALMENTE y de FORMA CONGLOBADA como DERECHOS HUMANOS, SIN JERARQUIA ENTRE SI Y EXIGIBLES EN TODOS LOS CASOS ANTE LAS AU TORIDADES QUE RESULTEN COMPETENTES PARA ELLO. (Casos Lagos del Campo Vs. Perú; San Miguel Sosa y Otros Vs. Venezuela; Trabajadores de Petro Perú Vs. Perú; Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú; Fabrica de Fuegos San Antonio de Jesús Vs. Brasil; Spoltore Vs. Argentina; Ex trabajadores del Or ganismo Judicial Vs. Guatemala). B) La CorteIDH no es una cuarta instancia internacional, ya que la misma examina la conformidad de las decisiones judiciales in ternas respecto de la Convención y no de acuerdo al Derecho Interno (Casos Villagrán Morales Vs. Guatema la; Cuya Lavy y Otros Vs. Perú; Ex trabajadores del Or ganismo Judicial Vs. Guatemala). C) La Corte reitera que las diversas Autoridades Estatales están en la obli gacion de ejercer ex oficio UN CONTROL DE CONVEN CIONALIDAD ENTRE LAS NORMAS INTERNAS Y LA CONVENCION AMERICANA, NO SOLO EL TRATADO, SINO LA INTERPRETACION QUE DEL MISMO HA HE CHO LA CORTE INTERAMERICANA, INTERPRETE ULTI MA DE LA CONVENCION (Caos Almonacid Arellano y Otros Vs. Chile; Cuya Lavy y Otros Vs. Perú; Extrabaja dores del Organismo Judicial Vs. Guatemala).


“Lucha por el Derecho, pero cuando tengas que optar entre el Derecho y la Justicia, elige la JUSTICIA “
Prof. Dr. Eduardo Couture

Publicado en el No. 1 de “Espacio Litoraleño de Derecho del Trabajo “ cuya Dirección la ejerce la Dra. Raquel Coronel,