ANTE UN NUEVO ATAQUE DEL Sr. PRESIDENTE DE LA NACIÓN DIRIGIDO A LOS ABOGADOS LABORALISTAS, EL FUERO DEL TRABAJO Y A LOS TRABAJADORES EL C.A.S.M. DECLARA:

Ante las manifestaciones del Sr. Presidente de la Nación quien expresara que: "Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales. Enfrentarlo y terminarlo, porque destruye la generación de empleo futuro.”, este Colegio de Abogados de San Martín expresa su más enérgico repudio a lo que entiende un nuevo embate contra la Justicia del Trabajo, contra los abogados laboralistas que representan y defienden los derechos de los trabajadores, y contra los trabajadores mismos.
 
No puede ni debe la más alta magistratura del Estado Nacional endilgar livianamente el mote de "mafia" a quienes buscan e imparten Justicia, incluyendo a los trabajadores que ejercen sus derechos (arts. 14 bis y 18 C.N.), por cuanto ello constituye una afrenta a  la necesaria Paz Social que requiere la vida democrática.
 
Resulta aún más preocupante que estas expresiones se enmarquen en un contexto de reiterados ataques a través de los medios de comunicación por parte de diferentes funcionarios de gobierno, dirigidos a socavar y desmontar el fuero especializado del derecho del trabajo.
 
En este sentido tampoco resulta acertado endilgar responsabilidad a los abogados, jueces del trabajo y trabajadores por la problemática del empleo, pretendiendo con ello soslayar que en todo proceso laboral se encuentran en juego necesidades alimentarias de un ingente sector de la población, el que goza de especial protección tanto por normas nacionales como internacionales, por cuanto en definitiva se trata de la custodia de la salud, la vivienda, la integridad y dignidad del trabajador y su familia como personas.
 
Con este tipo de pronunciamientos no solo se afecta a los Abogados Laboralistas y la Justicia Laboral, se embiste a la Abogacía y el Poder Judicial en su conjunto, se agreden los principios y garantías republicanas y, fundamentalmente, se arremete contra los Derechos Humanos de los Trabajadores.
 
Gral. San Martín, 15 de junio de 2017.-

“La denuncia de las mafias laborales que hizo Macri, tiene que ver con su naturaleza de patrón”
Así lo señala un juez laboral de La Plata que salió a criticar fuertemente los dichos del presidente sobre la existencia de un entramado ilegal en la justicia laboral comanda por Recalde
“La denuncia de las mafias laborales que hizo Macri, tiene que ver con su naturaleza de patrón”
El juez del departamento judicial La Plata, dr. Rodolfo Martiaerena se refirió a la polémica que se generó a nivel nacional luego de que el presidente de la Nación Mauricio macri denunciara durante la asunción del canciller Jorge Faurie una mafia laboral que, según sostuvo el mandatario, estaría comandada por el diputado nacional y jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde.
 
Al respecto el magistrado platense sostuvo que se puede observar un “aumento de litigiosidad” y “que es muy difícil de determinar por qué se produce”. Señaló que La Plata es el ejemplo de este aumento sustancial muy fuerte que se ha dado en el nivel de litigiosidad, pero que pese a ello “no hay ninguna mafia laboralista”.
 
En este sentido hizo público su postura de repudio a las palabras de Macri al expresar “yo creo que las manifestaciones del Presidente más que desacertadas o polémicas son absolutamente repudiables” y puntualizó que los dichos del jefe de Estado son parte de una parábola que involucra al doctor Recalde y que denuncia u9n entramado de operaciones ilícitas que alcanza a jueces que serían cómplices.
 
“Lo dice muy livianamente, así sin datos, sin nada concreto y habla sobre gente que es probablemente honesta. Yo no vengo en representación de nadie. Pertenezco a una Asociación de jueces de trabajo en la que participan magistrados de todo el país y sé que se sienten todos muy agraviados y muy preocupados porque esto no es algo sin sentido. Esto forma parte de una estrategia, muy repetida, con un lenguaje más virulento que el utilizado en la década de los 90” sostuvo el juez Martiaerena en diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .
 
En la misma línea analizó que “aparentemente la convicción de este gobierno señala que el problema que tiene este país es el costo laboral, algo que si se logra bajar, ingresará una lluvia de dólares. Si la idea es avanzar por sobre los derechos del trabajador, entonces sí el fuero de trabajo se va a convertir en un obstáculo para la gestión del gobierno. Pero no porque los jueces sean obstinados o corruptos mal preparados sino porque hay tratados internacionales y está la Constitución Nacional”.
 
Y denunció que “si bien no me animo decir que esto es para disciplinar desprestigiar al fuero indudablemente tiene ese efecto” porque, según su planteo, al hablar de jueces cómplices  mete en la bolsa a todo el fuero laboral” lo que para él se constituye en “un ataque frontal doble”
 
Sobre el orígen de esta denuncia remarcó que cumpliendo su deber de funcionario público, el presidente debería haber tomado cartas en el asunto y denunciar el hecho o el fiscal de turno debería haber tomado la denuncia e iniciar una investigación. “Es la antipatía manifiesta del presidente que tiene que ver con su naturaleza de empresario y patrón durante mucho tiempo” puntualizó.

La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.
Gobierno nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean también a los trabajadores.
La violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.
Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.
La insólita pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.
La acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.
El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.
El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.
Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.
Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.
Buenos Aires, 15 junio de 2017

La ofensiva del gobierno contra los jueces nacionales del trabajo y los propios abogados laboralistas es de una gravedad inusitada. Forma parte de una agresiva política impulsada por los sectores del capital con el objeto de hacer tierra arrasada con los derechos de los trabajadores.
Gobierno nacional y gobiernos locales vienen llevando adelante una verdadera campaña de destrucción del derecho del trabajo y sus estructuras normativas, concentrando sus ataques sobre jueces y abogados laboralistas porque saben que de ese modo golpean también a los trabajadores.
La violación abierta de la ley de paritarias, como en el caso de la negativa a discutir la paritaria nacional docente, o a firmar el acuerdo bancario, o la pretensión de imponer tope a la negociación de aumentos salariales, constituye una conducta extremadamente autoritaria que se inscribe en este marco.
Otros ejemplos de lo mismo son el desconocimiento del derecho de huelga y las políticas de represión desatadas contra los trabajadores en conflicto. La prepotencia usada contra la clase trabajadora, como en el reciente caso del paro de transporte en Córdoba, es expresión directa de la sumisión absoluta de los gobiernos a los grupos de poder, cuando no de la complicidad de clase.
La insólita pretensión del gobierno de esa provincia de sancionar una ley limitando el derecho de huelga en el transporte como servicio esencial, en abierta violación de la ley 25.877, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y la normativa de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), es otra muestra de las prácticas de impunidad inherentes a los intereses del poder económico.
La acusación oficial que recae sobre jueces y abogados del fuero laboral conforma una ofensiva ideológica sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. No son los abogados laboralistas quienes promueven una supuesta “industria del juicio” sino las prácticas empresariales que desconocen la ley y los derechos de los trabajadores. Antes bien, si hay una infame “industria del juicio”, deberá buscársela en el sistema de las ART, las que de forma sistemática se niegan a reconocer las enfermedades laborales y obligan a los trabajadores a demandar judicialmente para obtener prestaciones médicas e indemnizaciones que apenas si reparan los daños recibidos, impulsando intencionalmente una verdadera saturación de la justicia del trabajo, con miles de juicios de trabajadores accidentados o enfermos por su labor y por las precarias condiciones en que realizan la misma. Esto da cuenta de la hipocresía de presentar a los empleadores y aseguradoras como víctimas en vez de victimarios.
El vaciamiento intencional del fuero laboral (ya comenzado en gestiones anteriores, pero ahora profundizado más que nunca), sin presupuesto, estructura, empleados ni jueces (32 juzgados vacantes sobre un total de 80), confirma la ofensiva integral por la que se pretende legitimar este proceso.
El pedido de juicio político a cada juez del trabajo que se atreve a resolver de acuerdo a las garantías constitucionales conforma otra grotesca forma de disciplinamiento. Basten de ejemplo las infames acusaciones a jueces como Luis Rafaghelli, Enrique Arias Gibert, Dora Temis, y otros que antepusieron sus legítimas convicciones como hombres y mujeres del derecho por sobre las amenazas y presiones recibidas.
La disparatada acusación a Héctor Recalde, y a los abogados laboralistas en general, pretendiendo ensuciarlos como mafiosos, constituye también una forma burda de deslegitimación y de ocultamiento de la violación masiva y reiterada de las leyes del trabajo por parte de poderosos grupos empresarios.
Quizás como nunca se ha revelado el carácter de clase de quienes abiertamente gobiernan en nombre y representación de los poderosos.
Saben ellos muy bien que no pueden dar respiro en esta política de destrucción de derechos sociales, saben que no pueden respetar reglas ni normas, que deben manejarse con el desprecio y el odio de clase que les son inherentes, porque en realidad tienen miedo de los trabajadores organizados, de los reclamos y las respuestas de quienes no están dispuestos a ceder gratuitamente su derecho a una vida digna.
Desde el Taller de Estudios Laborales (TEL) nos solidarizamos con jueces y abogados laboralistas, y denunciamos que el absurdo ataque contra los mismos es en realidad parte de la ofensiva profunda y extendida contra los trabajadores como clase.
Buenos Aires, 15 junio de 2017

La AABA frente al pedido de juicio político a Jueces del Trabajo
La Asociación de Abogados de Buenos Aires manifiesta nuevamente su preocupación y rechazo al accionar del PEN que ha solicitado juicio político nuevamente, por el solo contenido de sus sentencias, a los jueces de Cámara, Dres. Luis Raffaghelli y Diana Cañal y a la Dra. Mirta González Burbridge, significando una amenaza a la independencia de jueces y magistrados.
Reiteramos la necesidad de respetar las instituciones y la división de poderes, condenando todo tipo de presión sobre los jueces por el contenido de sus sentencias,  lo que contraviene un claro precepto republicano de la división de poderes y de respeto por el Poder Judicial.-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2017

Guillermo Goldstein

Secretario General